La crisis de Darfur en Sudán
Los analistas afirman que se ha dado excesivo énfasis a una inexistente diferencia entre "árabes" y "africanos"
La crisis de Darfur en Sudán refleja una estrategia por parte de Jartum de enfrentar a las tribus para proteger al régimen
Eduardo Gonzalez
Rebelión
La crisis que sufre la región de Darfur, en el oeste de Sudán, responde a factores de muy diversa índole, en particular por el interés del Gobierno por enfrentar mutuamente a las diversas tribus del país para evitar que las habituales hambrunas de la región se vuelvan contra el régimen y para controlar mejor el territorio sin grandes gastos militares, según estiman algunos expertos, que consideran que se ha dado excesivo énfasis a las supuestas diferencias entre "árabes" y "africanos", que a su juicio no responden a la realidad. Los mismos expertos creen que el conflicto guarda estrecha relación con las disputas entre islamistas y Gobierno por el control del poder.
Según un estudio publicado por la especialista Louisa Ait Hamadouche, del semanario argelino 'La Tribune', el nombre de Darfur procede de 'Fur', un pueblo de campesinos negros que habita en macizo montañoso del monte Marra, en el centro del país. "Este grupo dominó un reino que permaneció mucho tiempo independiente, antes de incorporarse a Sudán en 1916", afirma la especialista, que se basa en los estudios del Marc Lavergne, especialista en Sudán del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS).
El término "árabe" no define realmente a una raza en Sudán, y más bien remite a rasgos culturales. Las milicias a las que se califica de "árabes" en realidad son poblaciones "arabizadas". Asimismo, las poblaciones a las que se define como "africanas", como los Massalits o los Arawas, también están "arabizadas", aparte de que todas las tribus han adoptado la religión musulmana. Desde un punto de vista meramente cultural, el árabe sólo es la lengua materna de una minoría.
La principal diferencia es socioeconómica. Las tribus llamadas "árabes" son nómadas, camelleras en el norte y vaqueras en el sur. Las "africanas" son pastoriles y más frecuentemente campesinas. Pero estas diferencias no son absolutas. Algunas tribus pastoriles fueron sedentarias en el pasado, y viceversa. Los Arawas y los Massalits, que predominan entre los grupos rebeldes en Darfur, son antiguos nómadas que actualmente están confortablemente instalados en el comercio sudanés. "En Jartum se trata a todos con el mismo desprecio", afirmó otro experto, Jean-Louis Peninou, citado en la revista.
Desde el punto de vista político, la designación como "árabes" de las milicias 'janjawid' es incorrecta, según los expertos. Los 'janjawid' surgieron hacia 1990 y realmente son unos "mercenarios que no se presentan a sí mismas como árabes", afirma la autora del estudio. Su auténtico origen ha de buscarse entre sectores de la población que han sido abandonados por el mismo Gobierno que los ha armado. El resultado de ello es una guerra "de pobres contra pobres".
Oficialmente el Gobierno niega su apoyo a los 'janjawid', pero éstos han aprovechado la sublevación de los grupos rebeldes para levantarse en armas y para presentarse a sí mismas como unas milicias "que han debido armarse para defenderse y proteger las instituciones del Estado, dado que el Gobierno no interviene", según explica el ministro sudanés de Asuntos Exteriores, Mustafá Osmán Ismael, quien reconoce la incapacidad del Estado para proteger a la población.
DIVIDIR Y VENCER
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presupuesto para defensa de Sudán en 2002 era de 102.400 millones de dinares (400 millones de dólares), lo que supuso un aumento del 13,5 por ciento respecto a 2001. Tras una serie de negociaciones con el Fondo, Sudán aceptó una reducción en 88.700 millones de dinares (346 millones de dólares), equivalente al 25 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB) del país.
Para paliar esta reducción en los efectivos militares, Jartum ha optado por enfrentar a las tribus entre sí con dos objetivos básicos: desviar el descontento, para que éste no derive en sublevaciones contra el Gobierno supuestamente responsable de garantizar la subsistencia, y aligerar el peso de los gastos militares.
Lo cierto es que los sucesivos gobernantes de Sudán, tanto antes como después de la independencia, nunca se han preocupado gran cosa por el desarrollo de Darfur, lo que se refleja en una enorme falta de empleos y en la inexistencia de carreteras. Al igual que todas las provincias periféricas de Sudán, Darfur ha sido totalmente olvidada.
Pese a ello, el plan de dividir y vencer ha dado resultados al Gobierno. Según Marc Lavergne, desde hace una decena de años cada hambruna ha sido seguida de un aumento de la tensión entre nómadas y sedentarios, mientras el norte de Darfur se sigue desertizando, lo que obliga a los nómadas a buscar tierras más al sur. En este contexto, aunque el Gobierno se ha puesto cada vez más de parte de los nómadas, lo que realmente se oculta tras el factor político son intereses claramente económicos, como se demuestra por la práctica de los 'janjawid' de quemar cultivos y matar ganados, con el evidente objetivo de hacer huir a los agricultores sedentarios.
EL FACTOR ISLAMISTA
Respecto al factor religioso, los expertos recuerdan cómo ha aumentado la influencia de dirigentes islamistas como el jefe del Congreso Popular, Hassan el Turabi, cuya detención, en febrero de 2001, reveló su ruptura con el presidente Umar Hassan Ahmed al Beshir. Los primeros indicios de esta ruptura se detectaron en diciembre 1999, cuando su expulsión de la presidencia del Parlamento convirtieron a Turabi en el principal opositor del Gobierno.
En su guerra contra el régimen, el Congreso Popular empezó a desvelar documentos secretos (sobre casos de corrupción) y a valerse de otros medios. En este contexto, Darfur se convirtió en un as en la manga. La publicación clandestina de un libro de denuncia de los abusos registrados en esta región y el levantamiento armado, a finales de 2001, del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (MJI) ayudaron a atizar un conflicto detrás del cual estaba la mano del Frente Nacional Islámico, del que procedían los combatientes del MJI.
Jartum ha acusado a este grupo de estar manipulado por Tarubi y se ha negado a iniciar negociaciones con ellos. La liberación, en octubre de 2003, de Tarubi fue interpretada como una respuesta a las presiones de los islamistas y al interés del vicepresidente del país, Alí Osman Mohamed Taha, por buscar apoyos en sus negociaciones con la oposición sudista. La situación es particularmente significativa, ya que, al igual que en Darfur, los sudistas se han dejado embelesar por la oposición islamista. Eduardo González
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Of the horrors of the northern Uganda's conflict
ZNet Commentary
June 01, 2004
By Mandisi Majavu
According to the UN, the situation in northern Uganda has deteriorated
sharply since 2002. The number of the internally displaced persons
(IDPs) and those in dire need of humanitarian assistance has increased from
800 000 to over 1.6 million in just two years (1).
Children and women have suffered the most in the 18 year civil war,
with more than 10 000 children, according to the UN, being abducted since
June 2002 - the highest number since the war began. The abducted
children are forced to fight and commit atrocities, and are subjected to
sexual violence and sexual slavery. In addition, it is estimated that 1.6
million people have been displaced by the civil war. Making Uganda
Africa's fourth largest displaced population after Sudan, Angola and the
Democratic Republic of Congo.
The civil war is between the government and the rebel Lord's Resistance
Army (LRA), of which about 80 to 90 percent of whose soldiers are
abducted children (2). The LRA, led by Joseph Kony, wants to replace the
Ugandan government with a theocracy based on the biblical Ten
Commandments.
Over 30 000 children are believed to have been abducted in the course
of the 18 year civil war. Last year, the UN Secretary-General's report
on children and armed conflict named Uganda as one of the countries
violating the Geneva Convention by recruiting child soldiers. Young girls
are used as sex slaves and thousands of innocent civilians have been
killed or mutilated. According to the New York-based Women's Commission
for Refugee Women and Children (WCRWC), at least 50 000 people frightened
of being abducted - most of them children and adolescents caught up in
the 18 year war - flee their homes each night for the relative safety
of town centres (3).
The WCRWC says there are not enough shelters to accommodate them, and
many are forced to sleep outdoors, exposed to rain, wind, mosquitoes and
unsanitary conditions. As a result, many contract respiratory tract
infections, malaria, diarrhoea and scabies. The WCRWC adds that young
commuters also face an increased risk of HIV/AIDS and unwanted pregnancy as
a result of sexual violence or unprotected sex.
A study published by the UK-based scientific journal, the Lancet, has
found that over half of the children surveyed - over 300, all of whom
were abducted at an average age of 12 had been seriously beaten - 77
percent had witnessed another person being killed, 39 percent had killed
another person, and 39 percent had abducted other children. Over
one-third of the girls had been raped while 18 percent had given birth while in
captivity.
Both sides seem to be determined to resolve their differences through
violence. Last December 2003, the Ugandan government announced plans to
amend its four-year- old amnesty law to exclude the top leadership of
the LRA. The amnesty act, which became law in 2000 offered blanket
immunity and resettlement packages to all rebels who wanted to surrender
their arms (4).
Now, the Ugandan government has vowed to wipe out the LRA leadership by
force if necessary.
Speaking on national TV last month (5), the Ugandan president, Yoweri
Museveni, said: "The day and night operations aimed at wiping out the
terrorists will be continued and will be intensified until every
terrorist leader has been accounted for or until the remnants of the terrorists
come out from their crime-laden way of existence".
Interesting enough, in the same month, Uganda's minister for internal
affairs, Ruhankana Rugunda opened the US-sponsored East and Horn of
Africa Anti-Terrorism conference.
The day and night operations aimed at wiping out terrorists that
Museveni is talking about is the aptly termed 'Operation Iron Fist'. Signed
in 2002 by Uganda and Sudan, the bilateral agreement gives the Ugandan
army access to southern Sudan where LRA is believed to be operating
from. 'Operation Iron Fist' aims to crush the LRA by going after its
leader, Kony, who is believed to be hiding somewhere in Sudan.
Meanwhile, the LRA think that meeting places for negotiations are a
trap to contain them in an area and then hit them. With very little break
in between, the LRA continues to kill, rape and abduct children. In
February 2004, the LRA killed more than 300 internally displaced people in
a camp in Barlonyo, near Lira town, according to the UN news agency,
IRIN.
All these atrocities are committed in the name of a jealous God, and
because Kony, a self-proclaimed prophet, wants to replace the government
with a theocracy based on the biblical Ten Commandments.
This means that the economic vision is "Thou shalt not steal" and the
cornerstone of the social structure "Honour thy father and thy mother;
that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth
thee."
However, the military junta, led by Museveni, has resisted the LRA for
18 years, even going as far as to commit atrocities against villagers
believed to harbour or aid LRA fighters. In April 2004, Human Rights
Watch reported that torture is endemic in Uganda's military and security
forces.
The economic track record of the current regime is far from being
impressive, nearly half of the Uganda's budget comes from foreign donors and
Uganda is ranked high on the international indices amongst the world's
most corrupt countries. Furthermore, out of the 26.4 million people
living in Uganda, about 38 percent live below the poverty line, according
to CARE.
As a result of the ongoing conflict, the UN World Food Programme says
it will soon be unable to feed the 1.6 million internally displaced
people in northern Uganda.
The government on other hand refuses to declare the northern Uganda a
humanitarian disaster. One wonders what is needed to convince the
government otherwise if 18 years of killing, starvation, systematic rape and
children abduction is not enough.
Día de África
El món celebra el Dia de l'Àfrica El 25 de maig és el Dia de l'Àfrica, que commemora la fundació de l'Organització de la Unitat Africana (OUA), instituïda el 1963 per consolidar l'alliberament polític dels estats africans, promoure la sobirania dels territoris encara ocupats per les potències colonials, i esperonar la cooperació política, econòmica i cultural entre els estats membres. El continent africà, d'una gran diversitat cultural i lingüística, i bressol de grans civilitzacions, ha estat molt maltractat per la història recent. A la darreria del segle XIX els estats occidentals el van colonitzar sense miraments, imposant els valors propis als dels africans. Dissortadament, la descolonització, començada després de la Segona Guerra Mundial i afermada durant les dècades de 1950 i 1960, no va millorar gaire les coses. Es va mantenir el subdesenvolupament econòmic i van sorgir estats arbitraris, basats en les fronteres traçades pels ex-colonitzadors, que van servir per atiar les guerres i els enfrontaments ètnics. Avui, fam, malalties i guerres assoten una bona part del continent, encara que aquests darrers temps s'entrevegin alguns signes esperançadors. N'és un la dissolució de l'Organització de la Unitat Africana, substituïda ara fa dos anys per la Unió Africana (www.africa-union.org).
Journalists, Authority and Prison May 17, 2004
By Mandisi Majavu
ZNet Commentary
In most African countries the relationship between journalists and the
government is established and sustained by a threat of violence and
prison. In fact freedom of the press is not an idea that appeals to many
African leaders.
In its second world press freedom ranking (1), the international media
watchdog NGO, Reporters Without Borders (RWB), show countries of the
central African region ranking from medium to poor.
RWB said (2) that the ranking reflects the situation between 1
September 2002 and 1 September 2003, and that of the 166 nations surveyed, the
Republic of Congo was ranked 63rd, followed closely by Tanzania in 70th
position. Further down the list, Burundi ranked 92nd, while the Central
African Republic placed 107th and Rwanda placed 112th.
The Democratic Republic of the Congo (DRC) found itself among the 50
countries that respect press freedom the least, scoring 127th on the RWB
ranking – a ranking, I think, that does not come close to revealing
how bad things are for journalists in that country, but gives a clue
nonetheless. After all, this is the country where journalists are taken to
prison for covering police operations.
In March, the UN news agency IRIN, reported that police attacked and
detained three reporters from a private television station,
Radio-Television Kin Malebo, apparently in reprisal for covering a police operation
(3). The journalists, Robert Kadima Baruani, Milla Dipenga and Eric
Ambago were attempting to record scenes of police removing residents from
a building whose ownership was in dispute, IRIN reported. Before being
detained, the journalists were manhandled and their equipment
confiscated.
In another incident in the same month, the publications director
Jean-Denis Lompoto of the twice-weekly satirical newspaper Pili-Pili, was
imprisoned after the newspaper published a corruption allegation story
concerning Mines Minister Eugene Diomi Ndongala. The arrest warrant
charged Lompoto, editor Prosper Dawe, and reporter Angwalima with defaming
the Mines Minister (4).
In a protest letter addressed to the Congolese President Joseph Kabila,
the New York-based Committee to Protect Journalists (CPJ), said (5) the
CPJ is “deeply concerned about the imprisonment of Jean-Denis
LompotoÂ… after the paper [Pili-Pili] accused one of your ministers of
corruption. We are also disturbed about the recent police attack on three
television journalists covering police activity in the Democratic Republic
of Congo’s capital, Kinshasa.”
The committee went further to assert: “Police attacks on journalists
who are covering issues of legitimate public concern have sadly become
routine in the DRC. This harassment often goes unpunished. We call on
Your Excellency to do everything within your power to ensure that the
rule of law is respected, and that journalists can cover the news freely,
without fear of reprisal.”
Other African countries that are among the 50 countries that respect
press freedom the least are Cote dÂ’Ivoire (137th), Liberia (132nd) and
Guinea-Bissau (118th). Reporters Without Borders said “Local and
foreign journalists were exposed to the violence of the warring parties in
Cote dÂ’Ivoire and Liberia, while the military closed down news media in
Guinea-Bissau.”
Cote dÂ’Ivoire is not ranked 137th for no reason. You will remember
that this is where Jean Helene, the Cote dÂ’Ivoire correspondent of Radio
France Internationale, was shot in the head at point blank range while
he was waiting outside the main police station in Abidjan to interview
a group of detained opposition activists who were about to be released.
Whenever the authorities think their message (i.e. “ignorance is
strength”) is falling on deaf ears, it becomes a matter of life and death
for journalists. Last month, mid-April, in Gambia (West Africa), the
printing press of GambiaÂ’s most outspoken newspaper, The Independent, was
burned down (6).
This was the second time the IndependentÂ’s printing press was set
alight – the first time was last year, October 2003. Of course the police
promised a full investigation – however six months later not a single
person has been charged in connection with the attack. What has come to
pass, is that independent journalists are barred from covering news
events at state house. Only state media controls all news concerning the
president (7).
If violence brings unwarranted world attention and scares away
investors and tourists, new media laws are introduced; government
communications departments, usually with wide powers, become censoring departments.
Last September 2003, in Niger, the NigerÂ’s Higher Council for
Communications withdrew the broadcasting licenses of 15 private radio stations,
saying their owners had failed to comply with NigerÂ’s laws (8).
In Eritrea – Africa’s foremost jailer of journalists since September
2001, when the government banned the entire private press and detained
independent journalists. Seventeen journalists are now in secret jails
across Eritrea, and no formal charges have been brought, and the
government has given no indication that it intends to prosecute the
journalists, according to the CPJ (9).
Meanwhile, in Zimbabwe, the Supreme Court upheld, in February,
legislation requiring journalists and media outlets to be licensed by the
stateÂ’s Media and Information Commission, making it a criminal act,
punishable by two years in prison, to practise journalism without government
approval (10).
Next door to Zimbabwe, in South Africa, things are done a little
differently – censorship is not legal, rather, consent is manufactured. The
ideology control is definitely there, and it is done by using the
corporate media.
Just like Edward S. Herman and Noam Chomsky explain in their book,
Manufacturing Consent, censoring, in a supposedly democratic country like
South Africa, is done through a sophisticated propaganda model. Through
this propaganda model, powerful and rich South Africans who are
benefiting from neo-liberal economics, filter out the news fit to print,
marginalize dissent, and allow the government and dominant private interests
to get their messages across to the public.
South African national newspapers such as the Mail & Guardian, The
Independent and ThisDay, who like to parade as a free and independent press
– because once in a while they will attack and expose corporate and
government wrongdoings – are a case in point of how this propaganda
model works.
Although no violence is used, the same results are achieved; dissent
will be excluded to the point of being silenced. Writers like Patrick
Bond, who ask questions and challenge power hardly ever have their work
published in the above mentioned newspapers. The point that is being made
– whether censoring is done through violence , Information Commissions
or propaganda models – is, don’t challenge power and that any idea or
thought that does not fall in line with the agenda of the ruling class
should not be heard.
However, history is clear on one thing, among the excluded, there are
always some who resist saying “We will be heard!”
References:
UN News Agency, IRIN, 21 October 2003: Reporters Without Borders rates
press freedom in region
Ibid
Ibid
Ibid
http://www.cpj.org IRIN, 16 April 2004, The printing press of GambiaÂ’s
most outspoken newspaper, The Independent, has been burned down.
Ibid IRIN, 30 September 2003, NigerÂ’s Higher Council for
Communications has withdrawn the broadcasting licenses of 15 private radio stations.
ThisDay, Monday May 03 2004, World Press Freedom Day
Ibid
Primera Semana de Ciencias Ambientales
EL PAÍS UNIVERSIDAD/Noticias - 16-04-2004 - 10:40 h.
La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) acoge a partir de hoy y hasta el próximo día 22 de abril, la Primera Semana de Ciencias Ambientales que, organizada por las asociaciones ACALE y GEA con la colaboración de la citada facultad, ha programado una variada serie de actividades abiertas a todo tipo de público.
El acto inaugural se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales a las 19:00 horas, con la presencia del rector de la ULE, Ángel Penas Merino, y el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, José Carlos Pena, e irá seguido de una conferencia que versará sobre "Conservación y caza" y que correrá a cargo de la técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
Beatriz Moreno Fernández, y el profesor Rafael de Garnica Cortezo.
Se trata de una iniciativa que, según fuentes universitarias, tiene por objeto fomentar la concienciación ambiental y ampliar el conocimiento de los participantes sobre distintos aspectos del medio ambiente.
Asimismo, además de la realización de talleres de educación ambiental, tendrán lugar también un concurso y una exposición de fotografía, así como conferencias de temática diversa que abordarán temas como el desarrollo sostenible, la gestión de los residuos o el medio ambiente natural, entre otros aspectos.
IV JORNADAS ACADÉMICO-PROFESIONALES
Por otra parte, durante los días 17 y 18 de abril se celebrarán las IV Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales de la Universidad de León (ULE), en las que representantes de las asociaciones de toda España tratarán los temas de actualidad relacionados con la situación académica y laboral de los estudiantes y licenciados en Ciencias Ambientales.
Por último, las IV Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales están encuadradas dentro de los actos de la Semana, según detalló la ULE.
Décimo aniversario del genocidio en Ruanda: La comunidad internacional fue cómplice
Francisco Rey Marcos
Radio Nederland
Los días 6 y 7 de abril se cumple el décimo aniversario del inicio del brutal genocidio que asoló Ruanda, tras el derribo del avión en el que viajaba el Presidente del país, Juvenal Havyarimana. El asesinato del presidente y sus acompañantes fue el detonante que puso en marcha la maquinaria del horror, que se había estado preparando minuciosamente desde mucho tiempo antes. Los datos de la tragedia que vino después son de sobra conocidos: más 800.000 muertos; 100.000 niños huérfanos; más de 2 millones de refugiados (que permanecieron en diversos países, sobre todo el Congo, hasta 1997, y varias decenas de miles que aún continúan fuera del país); miles de personas, civiles en su mayor parte, que participaron directamente en las atrocidades; destrucción de la base económica del país.
La magnitud del genocidio, su crueldad y brutalidad, pero también la falta de respuesta, cuando no la complicidad, de la llamada comunidad internacional hicieron que Ruanda se convirtiera en un símbolo de algo que no puede repetirse, de una vergüenza que afecta a toda la humanidad y de la que hay que sacar las enseñanzas adecuadas para prevenir situaciones similares. Las Naciones Unidas, absolutamente desbordadas por la situación, no hicieron nada para impedir el genocidio, incluso negaron su existencia, y en varias ocasiones tanto el Secretario General de aquella época, Boutros Boutros-Gali, como el actual, Kofi Annan, han pedido disculpas al pueblo ruandés por la incapacidad del organismo internacional en aquella crisis. La propia figura y trayectoria personal del general canadiense Roméo Dallaire, que comandaba las fuerzas de paz de la ONU, es muy significativa de la impotencia del organismo y del aldabonazo que supuso el genocidio ruandés para la comunidad internacional. Tras varios años apartado del servicio, por motivos psicológicos y varios intentos de suicidio, Dallaire recoge en sus memorias, "Yo he dado la mano al diablo", todo el sentimiento de horror y la convicción de la falta de voluntad de la ONU para enfrentarse a la crisis. Lamentablemente, pese a los mea culpa entonados por los sucesivos Secretarios Generales de la ONU, no parece que institucionalmente se hayan incorporado planteamientos nuevos en su capacidad de respuesta, ni en el diseño mismo de las operaciones de paz. Las recomendaciones del llamado Informe Brahimi sobre la reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz- publicado en el año 2000 y encargado precisamente tras el fiasco de la intervención en Somalia y las tragedias de Srebreniça y Ruanda- no están siendo tenidas en cuenta, a juzgar por las últimas decisiones en los casos de Liberia o Haití.
En países como Francia, el genocidio ruandés y el apoyo francés al régimen hutu que lo perpetró supuso un enorme revuelo político y de la opinión pública, lo que motivó la creación de una Comisión parlamentaria, que durante estos años ha investigado y demostrado el conocimiento y complicidad del ejército francés en la masacre. Ha quedado claro también, que la "Operación Turquesa", justificada pretendidamente por razones humanitarias, no era sino una intervención tendente a eliminar las pruebas de la colaboración francesa con el régimen ruandés y, en el mejor de los casos, a salvar a los nacionales franceses. El prestigio histórico del Presidente Miterrand y de su cellule Afrique del Eliseo han quedado seriamente en cuestión.
Para las ONG, Ruanda también supuso una cruel constatación de los límites de la acción humanitaria y de los dilemas morales a los que se enfrenta. El genocidio de Ruanda no era una "crisis humanitaria" o una "emergencia compleja", términos ambos que se popularizaron en aquellos momentos. La respuesta humanitaria no debía haber sido la prioritaria y mucho menos la única, en ausencia de compromiso político y militar por parte de las Naciones Unidas y los Estados para detener el genocidio. En una evaluación de toda la acción humanitaria durante y después del genocidio, auspiciada por el gobierno danés y en la que participaron todos los organismos humanitarios, se llega a decir que en muchas ocasiones la ayuda humanitaria fue parte del problema y no de la solución, o que la falta de coordinación y la escasa competencia profesional de muchas ONG costaron vidas humanas. Duras afirmaciones que muestran, una vez más, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. La reacción de la mayor parte de las ONG fue bastante autocrítica y la aprobación en los años siguientes de un Código de Conducta de las ONG (1994), para la actuación en casos de desastres como el ruandés, o el llamado Proyecto Esfera (1998), de establecimiento de normas mínimas de respuesta humanitaria, son buenas muestras de ello y del interés por establecer criterios comunes y principios claros y por aumentar la eficacia de la acción humanitaria.
En materia de justicia y reconciliación, el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en Ruanda fue una buena noticia y, pese a la lentitud de este tipo de tribunales, las primeras sentencias están viendo la luz. La condena a los responsables de la Radio Mil Colinas es muy representativa de la participación protagonista de ciertos medios de comunicación en la organización de las matanzas. Junto a este Tribunal Ad Hoc, la comunidad internacional ha aceptado la utilización de sistemas tradicionales de justicia, la llamada gacaca, para juzgar a personas de menor rango involucradas en el genocidio, de modo que pueda favorecerse su reinserción en la sociedad y el proceso de reconciliación. Es una apuesta arriesgada, pero un país como Ruanda no puede permitirse mantener en la cárceles a más de 100.000 personas en espera de juicio.
Diez años después Ruanda sigue viviendo una situación difícil, y tanto desde la perspectiva política como económica o en materia de derechos humanos y violencia los datos son preocupantes. Guardemos, en cualquier caso, un minuto de silencio el día 7 de abril a las 12 horas en memoria de las víctimas del genocidio, como se ha propuesto desde la ONU. Y trabajemos para que semejante horror no se vuelva a repetir.
Francisco Rey Marcos - Investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
